jueves, 27 de septiembre de 2007

SUDESTADAS

¿QUÉ ENTENDEMOS POR ECONOMÍA SOCIAL?

La cuestión social presenta hoy características inéditas. La profunda crisis que atravesó nuestro país desde mediados de los ’90, como consecuencia de la implementación de las políticas neoliberales, se tradujo en un incremento de los niveles de desocupación y pobreza nunca antes vistos en Argentina. La desindustrialización, la precarización laboral, la informalidad y la marginación de vastos sectores de la población crecieron al ritmo de la concentración de la riqueza y el poder en cada vez menos manos. La especulación financiera y los grupos económicos concentrados ocuparon el lugar que otrora tenían las industrias productivas, creando un modelo económico y social extranjerizante, frágil a las cambiantes coyunturas internacionales, y socialmente inviable, ya que afectó a las mayorías populares de nuestro país.
Esta nueva realidad, contradictoria, compleja y fluctuante nos desafía a reinventar nuestros marcos de percepción y acción. Hoy, la múltiple interpenetración y dependencia de los fenómenos sociales nos obliga a adoptar una perspectiva compleja, a partir de la cual las intervenciones deberán contemplar, a la vez, lo social, lo político y lo económico, si es que se pretende influir verdaderamente en las condiciones de vida de la población más castigada, y no engrosar la lista –ya muy abultada- de las intervenciones estériles.
De lo que se trata es de entender que la economía es una parte constitutiva fundamental de lo social, lo que la vuelve inseparable de cualquier forma de intervención.[1] Y que para revertir realmente la degradación de las condiciones de vida de los vastos sectores empobrecidos, los nuevos proyectos no pueden tener otro sentido que una mayor equidad en la distribución del ingreso, lo que incluye como una de sus patas fundamentales, el impulso a la regeneración de otra economía, orientada a asegurar la subsistencia con dignidad para todos los ciudadanos.

Acerca de la Economía Social

En los últimos años fuimos testigos tristemente privilegiados de las consecuencias del modelo político-económico concentrador y excluyente en nuestro país, nuestra provincia y nuestra ciudad. Y frente a este escenario de sub y desocupación que parecen haber llegado para quedarse, de precariedad e inestabilidad de los empleos formales e informales, sabemos, como afirman José Luis Coraggio e Inés Arancibia, que las estrategias familiares de reproducción han dejado de ser un refugio temporal, y se vuelven una vía alternativa de supervivencia. En otro lugar, el mismo autor afirma que ”es necesario construir conscientemente otra estructura económica: otros encadenamientos productivos; otra matriz económico-organizativa; reformar el régimen de propiedad de activos productivos, financieros y – crecientemente – del conocimiento; definir un marco normativo y una acción estatal y social para introyectar otros valores de responsabilidad social en la economía empresarial; volver a dar centralidad a la producción de bienes públicos sin cuya disponibilidad no hay desarrollo integrador posible en el nuevo mundo moderno; constituir otros sistemas de gestión de las necesidades; redefinir de manera eficiente pero justa las relaciones de trabajo asalariado privado y público y el sistema provisional; y, especialmente habilitar el surgimiento de otros actores emprendedores – sobre todo colectivos – que no respondan al modelo de la firma capitalista.” [2]
Si bien son muchos los cambios estructurales que menciona, nos interesa resaltar aquí uno en particular, mencionado arriba: la proliferación de esos otros actores, familiares, colectivos, que son más que meras micro-empresas, que no responden a la lógica de la ampliación del capital sino de la reproducción ampliada de la vida y por ello pueden ser vistas como el germen de otras formas socioeconómicas duraderas, lo que demanda trabajo conjunto, acompañamiento y articulación. Frente a la modernización excluyente, es necesario pensar estrategias de desarrollo inclusivas socialmente, y para ello, es indispensable recuperar “el derecho a pensar la posibilidad de incidir directamente sobre las estructuras socioeconómicas (…) El cumplimiento de los derechos humanos requiere el desarrollo de nuevas estructuras socioeconómicas con dinámica propia, basadas en el trabajo, que sean por sí mismas equitativas y contrarrestantes de la reestructuración capitalista.” [3]
Allí radica el desafío, en la posibilidad de construir una economía centrada en el trabajo, en el desarrollo creativo de las capacidades humanas, en donde “todos quepan”.

Si bien la discusión sobre qué se entiende por Economía Social, está recién comenzando y lejos de tener intenciones de saldarse en el corto plazo, algunos teóricos la enmarcan dentro de la denominada “otra economía”, “otra” en contraposición a la economía basada en la acumulación de capital. Las prácticas de la llamada economía solidaria, economía social, economía popular o economía del trabajo y los valores, principios y mecanismos que implican (autogestión, consumo responsable, producción saludable, cooperativismo, empresa social, inversión ética, protección de la biodiversidad, etc.), se presentan como una contracorriente económica, pero sobre todo como una contracorriente ideológica, ya que implica valores y prácticas que contradicen al sistema y sus principios. Este tipo de economía, basada en el trabajo y tendiente a la reproducción ampliada de la vida de las personas, intenta ser una alternativa superadora de los principales problemas causados por (e inherentes a) la economía de mercado. Desde esta perspectiva, desde esta concepción del trabajo y de las relaciones sociales (entre las que se encuentran las económicas), el hombre y la dignidad humana son el eje, y no el capital y la acumulación.
Pensar la Economía Social desde esta perspectiva implica no reducirla a un mero paliativo, no se trata de una economía de asistencia, subsidiada por donaciones, para atender provisoriamente a la emergencia, pobre y para pobres, sino de un sistema que, bien impulsado, tiene el potencial para incluir a los hoy desocupados y subocupados, y sentar bases firmes para una economía mixta competitiva.
La principal característica de la Economía Solidaria es el reemplazo en las relaciones económico-sociales, cualesquiera que sean (emprendimientos, mutuales de productores, empresas recuperadas, asociación de consumidores, etc.), de los principios individualistas y competitivos por principios solidarios de cooperación. Estas asociaciones reúnen o tienden a reunir las siguientes características: estimulan la solidaridad entre sus miembros a través de la autogestión, practican la solidaridad hacia los trabajadores en general y sobre todo, hacia la población más desfavorecida. En las experiencias concretas se presenta la lucha permanente de los hombres por la sustitución de los principios individualistas por principios colectivos que favorezcan no sólo a los grupos implicados en los proyectos, sino a toda la sociedad.
Para que se presenten como reales alternativas, estas prácticas deben ser ante todo viables, pero sin doblegar sus principios rectores. Para esto la liberación de la capacidad creativa es una condición necesaria. Si pensamos en estrategias de desarrollo inclusivas socialmente, es necesario “construir una economía centrada en el despliegue y desarrollo de las capacidades de trabajo humano en sociedad, incorporando el conocimiento como fuerza productiva indisociable del trabajo y la reproducción ampliada de la vida de todos. Esa afirmación teórico práctica de la centralidad del trabajo –como derecho en sí y como condición material, junto con el respeto a los equilibrios ecológicos, para definir y ejercer todos los demás derechos humanos- marca un programa estratégico que puede orientar acciones y generar situaciones de aprendizaje en base a la práctica y la reflexión a diversas escalas”.[4]

La pobreza, la desocupación, la marginación, mucho más que datos estadísticos o estructurales, deben ser encarados como un ataque a los derechos más elementales de las personas, como una violación a los Derechos Humanos más fundamentales, condición de posibilidad de todos los demás. Difícilmente podremos pensar en la construcción de ciudadanía activa si no están resueltas las bases materiales, no ya del bienestar, sino de la misma supervivencia de nuestros sectores populares. Y uno de los aspectos centrales de esta construcción “es la restitución de los derechos a oportunidades productivas y de desarrollo que son negados por la pobreza”[5]. La efectiva realización del derecho al trabajo en sus más variadas formas (el trabajo asociado, cooperativo, el trabajo al interior de la unidad doméstica, el “autoempleo”) se encuentra en el centro de la reconstitución de los lazos sociales, y constituye el germen de otras formas socioeconómicas, inclusivas socialmente y más equitativas. No hay ciudadanía posible si no se concreta el derecho básico, inalienable, al desarrollo de las propias capacidades, a la dignidad de la subsistencia a partir del despliegue de las propias potencialidades y de la participación en el progreso de la comunidad.

[1] ARANCIBIA, Inés y CORAGGIO, José Luis, “Recuperando la Economía: Entre la Cuestión Social y la Intervención Social”, versión revisada de la ponencia presentada en el Congreso Nacional de Trabajo Social, mayo de 2004.
[2] CORAGGIO, José Luis, “Una Alternativa Socioeconómica Necesaria: La Economía Social”, en DANANI, Claudia, obra citada.
[3] CORAGGIO, José Luis, “¿Es Posible pensar alternativas a la Política Social Neoliberal?”, en CORAGGIO, José Luis, De la Emergencia a la Estrategia. Más allá del “alivio a la pobreza”, ed. Espacio, Buenos Aires, 2004.
[4] ARANCIBIA, Inés y CORAGGIO, José Luis, artículo citado.
[5] KLIKSBERG, Bernardo, Ética y Economía. Una Relación Marginada, http://www.iadb.org.

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